El
reporte detallado de unas 443 páginas califica a los delitos cometidos por el régimen
de Nicolás Maduro de Lesa Humanidad. Señalando como responsables directos a:
Diosdado Cabello conocido como el numero dos del Chavismo, los Ministros de
Interior, Néstor Reverol, de Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de
los Servicios de Inteligencia, 45 funcionarios más y al propio Nicolás Maduro.
En el
informe se demuestra que las autoridades del Estado ejercen poder y supervisión
en las fuerzas Militares y civiles. Quienes son las presuntas autoras de las
violaciones y crímenes documentados desde el año 2014.
Las
graves violaciones de los Derechos Humanos habrían sido realizadas en Venezuela
por: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía Nacional
Bolivariana, las Fuerzas de Acción Especial (FAES), la Guardia Nacional
Bolivariana, el SEBIN (Servicio Nacional de Inteligencia, Cuerpos de
investigación Criminal, Científica y de Inteligencia.
Quienes
habrían cometido al menos 53 ejecuciones extrajudiciales comprobables. La misión
investigó 16 casos en los que participaron policías y militares. También, se
habla 5.094 muertes y 2.552 incidentes más efectuados por fuerzas de seguridad.
Esta
es la primera vez que un organismo internacional recopila información sobre
casos de desaparición, asesinato y violación de los Derechos Humanos cometidos
en Venezuela.
Desde
el año 2014 la Misión encontró graves hechos de tortura y desaparición. “Las
ejecuciones y el uso sistemático de la tortura constituyen crímenes de Lesa humanidad”
dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Lejos
de ser hechos aislados, estos crímenes se coordinaron de conformidad con las políticas
del Estado”.
En el extenso
informe también se habla de actos de tortura, asfixia con agua, uso de productos
tóxicos, violencia sexual, mutilaciones, descargas eléctricas y tortura psicológica.
Así, como Persecuciones políticas a líderes opositores al régimen de Maduro.
Entre
los años 2014 al 2019 se presentaron más de 36 asesinatos a manifestantes durante
las protestas en las calles usando armas de fuego. Se habla de un poder
judicial comprometido y parcializado.
Finalmente,
el informe emite 65 recomendaciones a Venezuela y a la comunidad internacional
para iniciar acciones legales contra los señalados en el informe. También, se
señala que la Misión de la ONU no pudo visitar directamente Venezuela debido a
la negativa del gobierno para su ingreso.
Sumado
a las restricciones de viaje debido a la pandemia global del coronavirus. Se
presentaron cerca de 274 entrevistas usando medios remotos a víctimas, testigos
y familiares de las víctimas. Asimismo, a funcionarios y exfuncionarios del Estado,
abogados y representantes de Organismo no gubernamentales.
Todas las
recomendaciones en el informe serán discutidas el próximo 23 de septiembre por
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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