Esté miércoles el gobierno dictatorial
de Daniel Ortega en Nicaragua y con el aval de la Asamblea Nacional, ha tomado
la Cruz Roja nicaragüense. La Asamblea de
corte oficialista aprobó con un total de 91 votos a favor y 0 en contra, la
petición de “derogación” del decreto que dio luz a la Cruz Roja Nicaragüense y
autorizó la organización “bajo un modelo cristiano, socialista y solidario”,
que es el eslogan de la administración de Ortega.
En primera instancia se ha
acusada a la Organización internacional de incumplir las Leyes de regulación y
control de organismos internacionales. Además, se le acusa a la Cruz Roja de
haber ayudado a los manifestantes durante las protestas antigubernamentales de
2018.
Mismas, en las que la policía por
ordenes del presidente Ortega reprimió a los manifestantes. En los que fallecieron
448 personas, se presentaron cerca de 2,.830 manifestantes heridos y desaparecieron
cerca de 718 personas.
De acuerdo a esto, el régimen
dispuso el traspaso de la Cruz Roja a la cartera de Salud, remitiéndose a la
Ley General de Salud -Ley 423- y asegurando que la entidad dispone de
competencias normativas y capacidades técnicas suficientes para tomar el mando
de la “nueva Cruz Roja Nicaragüense, así como todas sus bienes y acciones, que
ahora pasaran al estado.
El principal argumento del Partido
sandinista es que la Cruz Roja Nicaragüense se rige por los “principios
fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”.
Por tanto, el régimen alega
que la asociación de Nicaragua “actuó contra esos principios” en 2018, el año
de las masivas
protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese
entonces, la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender
a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar.
En lo que va de 2023, las
autoridades sandinistas y él mismo Daniel Ortega ya han intervenido 20 ONG y
hasta medios de comunicación, siempre alegando irregularidades en sus
registros. En tanto, desde 2018, ya son al menos 3.400 las ONG disueltas en el
país y, por consecuencia, más de 3,4 millones las personas que han quedado
desatendidas por la falta de asistencia.
Sumado a los contradictores de
la familia Ortega- Murillo que han tenido que abandonar el país. Debido a la
persecución política, otros han ido a parar a la cárcel y los que han contado
con mejor “suerte”, han sido expulsados del país y perdido la ciudadanía y
bienes en Nicaragua.
Y es que en Nicaragua la oposición,
entidades sin ánimo de lucro, las ONG y hasta la Iglesia católica han sido
perseguidas. Cada día Daniel Ortega se muestra como un dictador y no como un
demócrata.
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