La Fiscal General del
Ecuador, Diana Salazar, recibió una amenaza en contra de su integridad
durante la madrugada del 1 de junio. A través de un video que llegó a su número
de WhatsApp.
Al parecer, un grupo armado
amenazó con asesinar a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, y a su hija
y le exigió que deje el cargo desde el cual ha procesado por corrupción a altos
funcionarios, entre ellos al expresidente Rafael Correa.
En el video se escucha a los delincuentes
decir que: “Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”.
El mismo hombre dice a la Fiscal que no quiere arruinarle el cumpleaños
asesinando a su hija pues “antes de matarte te hago llorar y sufrir”. Y
agrega que: “Así que decide bien. Dianita, no hagas que use todo mi poder”.
Durante esta semana, Salazar
ha mencionado en varios medios de comunicación que un grupo de sentenciados por
la justicia quieren sacarla de su cargo. En una entrevista con el medio de
comunicación, Ecuavisa se refirió al ex presidente Rafael Correa,
prófugo de la justicia; ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión,
sentenciado por abuso sexual; el exvicepresidente Jorge Glas,
sentenciado por casos de corrupción; y al ex contralor Pablo Celi,
también acusado de corrupción.
En palabras de la actual
fiscal estos personajes anteriormente nombrados buscarían la impunidad y no
responder a la justicia.
Al parecer, las amenazas que fueron emitidas desde un número de WhatsApp que tiene como foto de perfil la foto de la propia fiscal. Además, el número tendría como lugar de ubicación Ucrania.
Por otra parte, la Fiscalía
rechazó “todo acto de amedrentamiento” e hizo un llamado a la ciudadanía, al
Estado y a la comunidad internacional “a mantenerse vigilantes ante todo
intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo”.
En tanto, la fiscal general, Diana
Salazar quien llegó al cargo en el año 2019; le queda solo un año y 10 meses
para cumplir con su mandato. Pero, desde su nombramiento ha recibido amenazas, investigaciones
injustificadas con el objeto de removerla de sus funciones constitucionales.
Así pues, las investigaciones
no podrían fluir de la manera en que la afectada quisiera. Hasta entonces buscará
que su nivel de seguridad sea reforzado para ella y su familia.
Comentarios
Publicar un comentario