Fiscal boliviana es apartada de su cargo tras vincular a expresidente, Evo Morales, con trata de personas
Una fiscal boliviana denunció
que fue destituida por encabezar una investigación penal por trata y tráfico de personas que involucra al
expresidente Evo Morales, en un caso que el exmandatario consideró que es parte
de una persecución en su contra.
Morales señala al actual
presidente de Bolivia, Luis Arce, de ordenar las investigaciones en su contra.
Los delitos de los que se le acusan a Evo Morales son: trata y tráfico de personas,
por lo que se emitió una orden de captura.
Debido a estos graves hechos,
este miércoles en la noche, la fiscal departamental de Tarija, Sandra
Gutiérrez, denunció haber sido destituida por el fiscal general del
Estado, Juan Lanchipa, luego de negarse a interrumpir el
proceso judicial que encabezaba en contra de Morales.
Precisamente, la Justicia
investiga al político por el supuesto delito que habría ocurrido sobre una
supuesta víctima de esta provincia, a sus 15 años.
La fiscal regional, Sandra
Gutiérrez, aseguró que ya se había conformado una comisión de fiscales para que
iniciara la investigación y se ejecutara la orden de captura contra el
exmandatario.
Pero, una "acción de
libertad" entablada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó sin
efecto el procedimiento y, luego, se instruyó, desde la fiscalía general,
“dejar el caso” porque la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género
y Juvenil se haría cargo de la investigación, indicó Gutiérrez.
Gutiérrez también añadió que, "habiendo
un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de
aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, teníamos (órdenes de) aprehensión
también hacia otras personas. Lo han dejado sin efecto".
Esta investigación contra el
expresidente, Evo Morales sucede en medio de un ambiente de luchas internas gubernamentales.
Entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las facciones afines a Morales y al
presidente del país, Luis Arce,
por el control del partido, la forma de administración del Estado y la
candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
Una lucha intestina entre miembros
de un mismo gobierno que en el pasado logró conquistar a los bolivianos para
llegar al poder.
Sin embargo, esta no es la
primera vez que se investiga a Evo Morales por algún tipo de delito. En 2020 el
gobierno de la entonces presidenta Jeanine Áñez lo acusó tras encontrar
fotografías en el teléfono celular de una menor de edad junto al expresidente.
Ninguno de los procesos ha prosperado.
Por otra parte, el señalado de
los delitos en cuestión ha anticipado que se postulará a las elecciones presidenciales
de 2025 por el partido oficialistas MAS. Un partido fracturado entre sus
partidarios y los de Arce. Por su parte, Arce ha acusado a Morales de alentar
protestas que piden su renuncia.
La polémica se produjo poco después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, le retiró a Morales el estatus de refugiado político que su predecesor Alberto Fernández (2019-2023) le había otorgado en 2019 tras un estallido social por denuncias de fraude electoral que ocasionó su renuncia. El conflicto dejó 37 muertos.
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