Este sábado en la noche despegó
de Harlingen, Texas, un vuelo cargado con el prontuario y los antecedentes de 263
migrantes. La mayoría perteneciente a la
banda transnacional, Tren de Aragua. Quienes aterrizaron en EL Salvador, en la
madrugada del domingo, rumbo a cárceles de alta seguridad en este país.
El presidente de El Salvador,
Nayib Bukele, publicó en redes sociales que 238 presuntos miembros de la banda
criminal venezolana Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo,
junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
El mismo mandatario confirmó
que los detenidos fueron transportados al Centro de Confinamiento del
Terrorismo (Cecot). Una cárcel de alta seguridad donde cumplen condena varios
integrantes de las pandillas salvadoreñas, y que le han dado la vuelta al mundo
por la dureza de las condiciones en las que viven.
El tiempo de permanencia de
los nuevos presidiarios será de un año. Durante este tiempo, los Estados Unidos
pagarán los gastos de manutención en El Salvador. Una mínima fracción del costo,
si se compara con la inversión que tendría que hacer Washington en su
territorio. Pagando solo 6 millones de dólares por un año de detención.
«Esto nos ayudará a concluir
la recopilación de inteligencia y a perseguir a los últimos remanentes de la
MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros, dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores», señaló el presidente salvadoreño, Bukele.
Este anuncio tiene lugar un día
después de que el presidente, Donald Trump, invocara la Ley
de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos
de guerra que otorga al mandatario mayor flexibilidad en políticas y acciones
ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas que se
encuentran en el país sin autorización legal.
El presidente Trump justificó
la medida como un paso necesario para resguardar la seguridad nacional y
proteger a la población. En su declaración, aseguró que «el Tren de Aragua
ha utilizado los flujos migratorios venezolanos para infiltrar delincuentes
en Estados Unidos y ejecutar una “guerra irregular” dentro del país».
Y es que esta deportación express
se realizó justo cuando el juez del Distrito de Columbia, EE. UU., James
Boasberg, ordenó paralizar las deportaciones por 14 días. Una hora después de
que el primer vuelo con migrantes despegara desde los Estados Unidos rumbo a
Centroamérica.
Por otra parte, La Casa Blanca no
respondió de inmediato a la decisión del juez federal, pero documentos
judiciales indican que el gobierno ha apelado la primera orden de restricción
temporal del fiscal Boasberg.
Este desacato de la
administración Trump a un juez federal no es el primero y, según expertos en la
materia, no supone una crisis constitucional, toda vez que no es una decisión
del máximo tribunal de justicia estadounidense: la Corte Suprema, cuyos
magistrados son de tendencia conservadora.
Por ahora, el choque de trenes
entre la administración Trump y el sistema judicial de las Cortes continuará.
Teniendo en cuenta que el presidente de los Estados Unidos recurrió a una Ley
de Enemigos Extranjeros que data del año 1798. Y que no había sido activada
desde la Segunda Guerra Mundial.
Poniendo entre la espada y la
pared a los millones de migrantes que viven en la Unión Americana. Donde, en
este segundo mandato de Donald Trump, sufren la criminalización y el escarnio
público, escudado en la seguridad nacional.
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